Así lo veo: o estás con los empresarios que quieren un código de consumo oblicuo y vago, o estás con el cliente, o sea el ciudadano, que quiere una herramienta que lo empodere ante el abuso de negocios concertados para esquilmarlo. El gobierno aprista se juega la gran oportunidad para mostrar si algo le queda de espíritu socialdemócrata preocupado por humanizar la economía o si ya sucumbió, en su afán de hacer “caja chica” electoral, a los reclamos de los lobbies de arriba.
Las bancadas también se la juegan. Si el proyecto oficial ha desoído a las asociaciones de consumidores que convocó en su fase inicial, pues el Congreso sí tiene que involucrarlas en un debate plural que incluya hasta la voz del populismo antiempresa.
Los clientes veremos cuánta razón nos da el sistema recién en el pleno. Acabo de leer una versión provisional del proyecto (está sufriendo ajustes de última hora para salvar la cara social del aprismo) y simplemente diré, para no repetir las críticas de expertos como Jaime Delgado o Walter Gutiérrez, que ni siquiera resuelve problemas que he tenido últimamente como cliente: un banco embargó la cuenta mancomunada de la junta de propietarios de mi edificio por culpa de un solo “mancómuno” y todos pagamos pato, compré un producto y no me pudieron dar una hora de entrega precisa, me quejé en un restaurante y el mozo me negó al administrador. Estas situaciones se aliviarían o resolverían si existieran cuadernos de reclamaciones, si los bancos no te dieran a firmar abusivos contratos sin opciones y si las entregas y visitas a domicilio las asumiera con rigor el propio proveedor y no un “service” desinteresado.
Ahora quiero ir un paso más allá de esta simple visión: el código de consumo no es solo un parteaguas político entre ser proempresa o prociudadanía, sino entre viejas y nuevas concepciones del mercado y la democracia.
Con un código prociudadano no se va a redefinir la lucha de clases, ni siquiera se va a incidir seriamente en la distribución del ingreso, pero sí habría un efecto democratizador que coadyuve a la reforma del Estado.
Que queden en el pasado los mercantilistas de la “mecida” en cláusulas enanas, del “spam”, de las ofertas de gato por liebre y del ingenio al servicio del engaño, para que venza la transparencia en la publicidad, en las etiquetas, en los contratos y en la propia relación humana entre consumidor y proveedor. Que “el cliente tiene la razón”, sabiendo que todos somos clientes, no sea una frase hipócrita, sino una máxima de la igualdad en la democracia.
Por: Fernando Vivas
Fuente: El Comercio
